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Las complicidades y negligencia entre actores del sistema de justicia con imputados y/o condenados por la comisión de ilícito penal este año quedó evidenciado con la presunta falsa muerte de Pedro Alejandro Castillo Paniagua, “Quirinito”, quien fue condenado a 30 años de prisión por asesinato.

En los fallos de los jueces de Ejecución de la Pena de San Cristóbal y San Francisco de Macorís en favor del vinculado al narcotráfico y sicariato se evidenciaron alteraciones de informaciones relevantes para el caso.

En la sentencia del magistrado Willys de Jesús Núñez Mejía, en la cual ordena moverlo del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-hombres al Vista al Valle de San Francisco, los datos que corresponden a un certificado médico hecho a la madre de Castillo Paniagua fueron colocados como si se hubiera emitido al recluso.

El cardiólogo Federico Núñez González, cuyo nombre aparece en la sentencia 301-01-800-2016 como quien certifica que desde hace cinco años “Quirinito” recibe tratamientos por hipertensión, acudió a la Procuraduría General de la República a verificar por qué su nombre figura en dicho expediente, y es entonces cuando se da cuenta que la información fue alterada, ya que a quien le emitió el documento fue a Mónica Paniagua Ramón.

Pero la alteración no sólo estuvo en esa sentencia, también en la emitida por la jueza Aleyda Jiménez Acosta, donde se consigna que tanto la Corte de Apelación de San Cristóbal como la Suprema Corte de Justicia habrían ratificado una condena de 20 años de prisión a “Quirinito”, cuando en realidad habían aumentado a 30 años la sentencia que adquirió carácter definitivo.

Por el escándalo que estalló el 4 de septiembre, dos meses luego de haberse emitido un acta de defunción en donde se afirma que el condenado murió el 5 de julio producto de un cáncer en la lengua, fueron suspendidos los dos jueces de ejecución de la pena, así como Orlando Herrera Robles, médico legista, Felipe de Jesús Restituyo Santos, procurador general de Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, José Calasanz Morel, procurador de Corte de Apelación, y Franklin Ortega, encargado de la Supervisión del Medio Libre del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria.

El legista Herrera Robles fue quien validó la certificación de que el condenado padecía de cáncer y fue también quien declaró y certificó que había muerto.

El certificado médico mostrado por la magistrada Aleyda Jiménez, y que ella utilizó para disponer prisión domiciliaria, fue emitido por el oncólogo Ángel Garabot Polanco 10 días después de la sentencia, aunque en rueda de prensa el propio Garabot reconoció que lo había visto un día antes del fallo, o sea el 22 de mayo, y que el 5 de junio hizo un segundo informe para agregar el tratamiento. Los traslados al médico eran avalados y solicitados por el procurador Restituyo Santos.

Antes de que Garabot Polanco viera a “Quirinito”, quien lo atendió, envió muestras a un laboratorio y dijo que padecía la enfermedad, fue el también Oncólogo César Augusto Núñez, el mismo que posteriormente dijo que el condenado recibió tratamiento de quimioterapia.

Las autoridades sospechan que la muestra médica utilizada para determinar el cáncer corresponde a otra persona y que, según una fuente de la investigación, los bloques que las contenían en el laboratorio fue retirados por una persona que falsificó la firma de una doctora y presentó una cédula falsa.

“Quirinito” tuvo permiso del juez de San Cristóbal para casarse con Jennifer Esthefani Domínguez de Castillo mientras estuvo preso en Najayo. Aunque la Procuraduría afirma que el condenado está vivo, Domínguez de Castillo sostiene que no, que ella es viuda.

Al parecer, las agencias de seguridad como el Departamento Nacional de Investigación (DNI) y los organismos internacionales, no han sido capaces de rastrear el paradero de Castillo Paniagua ya que ni la tumba ni el ser humano vivo, han aparecido.

El director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, dijo que Castillo Paniagua pudo haber salido del país por Haití, por lo que se dificulta su captura.

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